Jueces, protesta y presupuesto

La protesta de los jueces, va más allá de pedir remuneraciones justas. El reclamo judicial es, además, contra el recorte de presupuesto efectuado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha aprobado, como presupuesto, el 45% de lo requerido por el Poder Judicial para el 2014. En el caso de Arequipa, el año que viene se tendrá un menor presupuesto que el 2013. En nuestra región, no funcionarán los 10 órganos jurisdiccionales, creados en el 2012, que aliviarán la carga procesal y acortarán plazos para resolver; tampoco se construirán las casas de justicia proyectadas en provincias. No sólo pierden los jueces, perdemos todos.

Es malo para la sociedad, que el Poder Judicial, no tenga autonomía económica ya que se depende económicamente del Poder Ejecutivo, a quien debemos controlar y ello atenta contra la independencia jurisdiccional, lo que tarde o temprano sufren los ciudadanos. Si el Poder Judicial tuviera su propio presupuesto, en un rango del 2.5% del presupuesto púbico nacional, como lo señaló la Constitución de 1979 y no del 1.2% que el Ejecutivo impone, la impartición de justicia mejoraría.

Las jornadas de Lucha por la Dignidad del Magistrado Peruano, convocadas por la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, acatadas a nivel nacional; incluyen la exigencia del pago de la remuneración que la Ley fijó para los magistrados hace más de 20 años y que sentencias del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, han ordenado se cumpla. Para variar, el Ejecutivo no cumple ni sus Leyes, ni sentencias que lo obligan.

Se cuestiona que los jueces se hayan declarado en huelga. Los jueces no pueden hacer huelga, aunque no falten ganas, y por ello, a lo largo de la República, se instalaron Juntas de Jueces y Salas Plenas, en las que se debaten los problemas que aquejan a la justicia. Lastima a la razón que en este país para hacerse escuchar no sea suficiente dialogar y exponer razones, sino que las más de las veces, se exige a ciudadanos y a jueces, protestar.

Se afirma con error, que los jueces tienen una remuneración y rango privilegiado, lo que no es verdad. Los jueces y fiscales de la República, tenemos más de 13 años la misma remuneración (incluidos bonos). Nombrados por concursos públicos y evaluados diariamente por partes y abogados; somos sometidos a un proceso ratificación cada 7 años, ante un ajeno al Poder Judicial (Consejo de la Magistratura) que puede terminar con la no renovación de confianza y sin trabajo. Es una labora a dedicación exclusiva, con limitada excepción de la docencia. A los magistrados del área penal, se les niega el seguro de vida (mucho riesgo).

Ahora, si a algún magistrado “la plata le llega sola”, se debe denunciarlo y sacarlo del cargo: la limpieza de la casa, beneficia a quienes vivimos en ella. No olvidemos que la corrupción requiere de un abogado inescrupuloso y/o un litigante sin conciencia limpia.

Reclamar un presupuesto justo y el pago de sueldos establecidos por ley, no significa falta de vocación, sino el poder trabajar de manera correcta con la tranquilidad necesaria, que la vocación no supone dejar que pisoteen los derechos de uno.